Podría seguir rebuscando fotos de la construcción. Tras las paredes: la pintura, el chapado de la cocina y los baños, la odisea de la carpintería metálica ejecutada por auténticos chapuzas lo que nos ha obligado a reemplazar partes, antes de los cinco años… en resumidas cuentas tantos y tantos fallos que si hoy tuviera que volver a contratar una construcción no lo haría con Geseco (que fue la constructora contratada) aunque estuviera aún operativa, que según me han dicho ha cerrado.
Parte de esas incidencias lo constituyeron el más de un año de retraso en la finalización de las obras y una diferencia en la cuestión del papeleo, que nos obligó a contratar un abogado. Como, por la experiencia que he podido obtener hablado con otros vecinos que también optaron por la autopromoción, es raro que no surjan problemas, uno de mis consejos es que si vais a adentraros en este camino busquéis, en paralelo al arquitecto y aparejador, un abogado.
Pero una vez se llega a un acuerdo con la constructora falta el último y más difícil tramite: el final de obras en el ayuntamiento.
En la parte técnica no existen casi diferencias entre el final de obras de un particular y de una gran empresa promotora. La certificación del arquitecto y del aparejador, visadas por el correspondiente colegio (que ni siquiera envió a nadie a comprobarla) no deja de ser un mero trámite. Cuadrar el orden de las firmas y los pagos, con ambos profesionales y la constructora, con la disposición de los fondos del banco puede requerir de dotes de negociación y persuasión. Pero eso son detalles menores.
La verdadera cuestión surgió con el papeleo del ayuntamiento. Para empezar nos pusieron pegas por la piscina. Una piscina prefabricada, que en teoría y según la legislación y los certificados de homologación no precisa de obra pero que el ayuntamiento, o al menos así lo afirmo el funcionario del gabinete técnico del mismo, había adoptado en el pleno la resolución que para cualquier instalación que no se desmontará hacia falta. La solución: desmontarla o presentar un proyecto de regularización que nos redactó el aparejador. Tampoco era cosa de volver a pagar los 12000 litros de agua, ni las horas de montaje y desmontaje… aparte que eran capaces de pasar la inspección (lo que nos permitiría volver a montarla, en septiembre, haciéndonos perder la temporada. Pero esta pega es hasta comprensible… aunque sea arbitraria. Cuestiones menores, pero igualmente arbitrarias, como obligarnos a pintar el techo del jardín (**) o tapar la parte no enterrable (por características técnicas) de la depuradora de aguas negras y ocultar las tuberías que se veían por la fachada inferior.
(**) Dado que por falta de presupuesto no hicimos en obra toda la parte de sótano (que surgía por la pendiente del terreno) se quedó una zona de jardín debajo de la casa. La parte del forjado del suelo que la cubría, haciendo de techo, no la pintamos, pues realmente ya no era parte de la casa y al ser pendiente hacia abajo tampoco se veía desde la calle.
A nuestros requerimientos (mío y del aparejador) acerca de que normativa reclamaba dichas acciones, sólo pudo mostrarnos una modificación de la normativa urbanística municipal, posterior a la concesión de nuestra licencia de obras, en la que especificaba que donde fuera obligatorio (por no haber realizado el ayuntamiento alcantarillado) la instalación de depuradoras de aguas negras, el proyecto debería incluir el cierre de las mismas. En cuanto al resto, como en el caso de la piscina, sólo fue capaz de referirse a «etéreos» acuerdos del pleno, que no fue capaz de concretar e identificar cuando se le solicitaron que los especificara.
Así las cosas sólo teníamos tres opciones: untar al funcionario, como en su momento para la licencia de obras nos sugirió un, hoy día imputado en algunos pleitos, concejal, hoy día ex-concejal; reclamar y llevar la arbitrariedad a los juzgados, pasando por un largo proceso de más de tres años, seguramente, para obtener la finalización de las obras o realizar las modificaciones solicitadas.
Pese a la tiranía que representa esta última opción optamos por ella por ser la menos gravosa, así de penoso es nuestro supuesto régimen de libertades. Un par de meses después presentamos el proyecto de la piscina y las fotos del resto de modificaciones y obtuvimos la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, para lo que también hubo que pagar un importante (en importe) impuesto. No es de extrañar que ante la caída de la construcción, los ayuntamientos estén pasando verdaderas penurias económicas, dado el importante sangrado que de la construcción realizaban.
