Esa estafa piramidal llamada pensiones
Si yo os propusiera un negocio consistente en aportar fondos ahora a una empresa para pagar los beneficios a los que lo aportaron en l pasado, de forma que los beneficios futuros saldrían de los fondos que se aportasen en el futuro todo el mundo pensaría que se trata de una estafa piramidal.
Sin embargo, la Seguridad Social creada en los años 50 durante el gobierno del general Franco básicamente consiste en ello. ¿Os preguntareis qué pasó con esas primeras aportaciones?, las que teóricamente no tenían ningún beneficiario al que pagar.
Inicialmente, en la época de la dictadura, las pensiones y la asistencia médica estaban ligadas y era la cotización a la seguridad social la que financiaba ambas. Los grandes hospitales de referencia, como el 12 de Octubre, el Valle de Hebrón, La Fe,… y otros muchos, así como la red de centros sanitarios de primera atención, fueron financiados con esas cotizaciones que inicialmente no tenían que pagar pensiones. De hecho, inicialmente, solo los trabajadores por cuenta ajena a los que el empleador se veía obligado a pagar la seguridad social (al menos en su mayor parte: un 30% del sueldo que cotiza el empleador frente al 4% que cotiza el empleado) eran los únicos que tenían derecho a asistencia médica en la Seguridad Social. El empleador que pagaba la mayor parte tenía que contratar obligatoriamente un seguro privado o pagar las visitas del médico cuando acudiese a este ya que no tenía derecho a la asistencia.
Esto cambió en parte en los años 60, cuando la Seguridad Social se abrió al empresario, en general al pequeño empresario permitiéndole cotizar en el entonces recién creado régimen de autónomos (donde tenía que pagar casi el mismo 34%, un 32%, para tener derecho a médico y pensión, pero no a subsidio de paro), aun así los números no cuadraban.
La separación entre el sistema médico, con la asunción de este por el estado, y las pensiones realizadas en los años 80 por el gobierno del partido socialista no implicó ninguna rebaja en la cotización a la seguridad social, pese a la supuesta eliminación de cargas, que la financiación de los servicios médicos pasaba a los presupuestos del estado. Cierto que esa rebaja de cargas se veía sustituida por otras cargas inesperadas, como fue el crecimiento de las cargas por subsidios de desempleo (con el brutal aumento del paro que implicó los primeros años del gobierno del PSOE) y la creación de otro tipo de pensiones: las no contributivas, el reconocimiento de puestos «militares» del bando republicano durante la guerra civil, la absorción de los funcionarios jubilados, que tenían sus propias mutuas en la absorción de las mutuas existentes (aunque en este caso y en forma de un ingreso único se materializó en la absorción de las mutuas de funcionarios, sin embargo, no tengo muy claro si por el sistema de pensiones de la seguridad social o por el estado) y que en algunos casos, como la cuestión médica, en la mayoría siguen teniendo una situación especial con acceso gratis (por parte del empleado, ya que lo paga su empleador: el estado) a pólizas de seguro médico privados.
La asunción de los servicios médicos por el estado, vía presupuestos, daría para otro artículo, baste citar que, sea por las nuevas cargas, sea por la bajada de cotizantes de los años 80 la supervivencia de las pensiones se vio seriamente comprometida hasta el punto que se adoptaron diversas medidas tendentes a ingresar más por aquellos colectivos que menos gasto realizaban: los autónomos. La cotización en el régimen de autónomos pasó de ser voluntaria a obligatoria para todo aquel que quisiera desarrollar una actividad, e incluso a incluir en ella de forma forzosa a propietarios (socios) en ejercicio laboral en la sociedad a la que pertenecían, así como familiares en primer y segundo grado, con lo que en caso de cierre o despido se veían privados de seguro de paro y en caso de enfermedad de seguir teniendo ingresos.
No fue hasta el años 2000, cuando después de retirar de los gastos de la seguridad social las pensiones no contributivas, que nunca debían haber salido de ahí sino de los presupuestos generales del estado, que pasaron a depender de las comunidades autónomas, que se habilitó a los autónomos a cotizar un poco más (1,5%) con lo que prácticamente se igualaba al coste de empresario más el coste de trabajador, para tener derecho a subsidio durante las bajas médicas superiores a quince días.
Posteriormente se completó la cantidad permitiendo una cotización superior (que para las nuevas altas fue obligatoria) que igualaba el 36% que ya implicaba la cotización empresarial más la del empleado por los conceptos de pensión, subsidio de baja, subsidio de paro, y formación profesional, algunos de los conceptos de los cuales estaban exentos… y de los que en la mayoría de los casos pagan, pero sea por falta de conocimientos sea por falta de tiempo no aprovechan (gastan) con lo que se esperaba un incremento neto en los ingresos.
Pero básicamente, por muchos parches que se pongan, nuestro actual sistema de pensiones está condenado a sufrir el destino de cualquier estafa piramidal: en el momento en que no se es capaz de conseguir que más gente aporte al sistema de la que ya tiene derecho a recibir el sistema se cae. Si algo tiene de distinto a las estafas piramidales que podríamos llamar privadas, es decir que no son del estado (y a todos nos viene a la memoria los casos de Forum o Afinsa), es que en estas se trata de productos de inversión, por lo que la muerte de un inversor da derecho a unos herederos a seguir cobrando o recuperar su capital, mientras que en la seguridad social, salvo contadas excepciones, la muerte extingue el derecho a prestación.
