Hoy era mi intención retomar la serie sobre las propuestas de reforma. Tras haber acabado con las propuestas políticas iba a iniciar con las fiscales, pero algunos amigos me han criticado que de la impresión de que los parados no trabajan porque no quieren.
Evidentemente, en la situación de hoy, no podemos afirmar eso, al menos de más de la mitad de los parados. De los más de la mitad que lo son directamente generados por el pasado gobierno de Zapatero. Por el excesivo gasto y las malas decisiones económicas (y jurídicas) de sus siete años de gobierno. La mayoría, si no la totalidad, de estos más de tres millones de parados creados por la negligencia (o peor) de Zapatero y sus lacayos (entre los que no podemos olvidar se hayan tanto Rubalcaba como Chacón) lo son muy a su pesar y si no trabajan es porque no pueden. Pero no podemos decir lo mismo de los casi dos millones de parados, que lo eran antes, durante y después de los gobiernos de Aznar, que no solo no han trabajado nunca (o al menos nunca más de lo necesario para cobrar durante una larga temporada del estado) y que engrosaban unas increíbles listas de parados cuando en partes de España, como en Valencia, era preciso traer personas del extranjero para la mayoría de trabajos del campo o de la construcción y para muchos de la industria, por el simple motivo de que no haba quien cubriera esos puestos.
Y ese es uno de los problemas, aunque no el mayor. También podríamos hablas de los miles de funcionarios que cobran su salario sin hacer nada útil (en muchos casos nada, como demostró un vídeo de la ciudad de la justicia donde llegaban fichaban y se iban a la calle; y eso funcionarios de oficina. Y luego la justicia va mal!) pero a los que no puede librarse de ellos y que son tan perniciosos como los cientos o miles de «asesores» que los políticos contratan, en teoría por no fiarse de los funcionarios, pero en la realidad por ser amigos o amigos de amigos.
Cierto es que para tirar a muchos de estos se precisa de una modificación legal, pero para otros muchos no. La mayoría de nosotros, de los que acabamos pagando el pato de una mala gestión y una pésima resolución. Un anuncio de cese de los muchos asesores (y no solo del gobierno central sino de ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el Partido Popular, y de las autonomías, idem) de la reducción de personal, en especial de directivos, en empresas publicas y la cancelación de todos los miles de tarjetas de crédito con cargo a los presupuestos del estado habría sido un magnifico ejemplo de austeridad que nos permitirá aceptar unas medidas socialdemócratas, como las aprobadas en este mes por el gobierno de Rajoy (o quizás deberá decir de Saez de Santamaría, dado lo poco que se ve a Rajoy) y que hacen que nos expliquemos más las palabras de Rajoy invitando a irse a los liberales del Partido Popular.
