Hemos oído estos días en la prensa que en Inglaterra han cerrado un periódico por obtener las noticias mediante escuchas ilegales. Y no lo ha realizado un juez, sino el propio dueño.
En algunas de las tertulias era visto como modelo y ejemplo a seguir esta reacción y comentado con envidia como , aquí en España, los dueños de los periódicos no tenían entereza moral para hacer algo similar si se diera la circunstancia.
Personalmente pienso que el problema es otro distinto de la altura moral de los propietarios, aun no negando que ello pueda ser (o no) uno de los factores. Lo cierto es que con el cierre, asumiendo que por comisión o por omisión toda la plantilla es culpable, la empresa no ha realizado recolocaciones masivas, que la ley española obligaría a menos que el cierre sea por suspensión de pagos y actividad, cosa que no era el caso.
Pero lo cierto es que nos guste o no, las fascistas normas laborales españolas(*) tan defendidas por los sindicatos hacen que, en España, medidas como la adoptada en Inglaterra sean inviables, ya que la recolocación obligatoria no solo las dificulta, sino que de hacerse nos llevaría a que, en lugar de una medida ejemplarizante que apartara a los culpables o complacientes de la posibilidad de repetir la inmoralidad, expandiríamos la indecencia de las escuchas ilegales por todos los medios donde fueran recolocados.
(*) El apelativo de fascistas se le aplica literal y no figuradamente, pues, pese a las varias reformas, nuestras leyes laborales siguen siendo en espíritu (y en gran parte en la letra) las mismas que se aprobaron en los años 40 y 50 bajo el gobierno del dictador Francisco Franco, Jefe de estado de España de 1939 a 1975 y jefe de gobierno de 1939 a 1973.
