Asi nos ven

 

El otro día un amigo me comentaba que este espacio, que nació como una especie de dominical y que iba a ser variado, se estaba centrando demasiado en la política.

Lamentablemente así es. Pero sobre todo porque cuando los grandes consensos, o lo que deberían ser los grandes consensos, se convierten en motivo de denuncia no dejan espacio para nada más.

¿Vamos a denunciar el abandono de un perro cuando asesinan a cientos de seres humanos? Y peor aun cuando se hace auspiciado y fomentado desde el estado… pero esa es otra historia que os traeré más adelante. Ahora, dado que estoy en vacaciones y no me apetece mucho escribir, lo que os voy a traer es la visión que se tiene de España fuera, concretamente en Argentina:

Carlos Pagni

Enviado especial

MADRID.- España ganó la Copa Mundial de fútbol y el país se cubrió de banderas rojas y amarillas. No hay nada de curioso en eso. Salvo que quien observe la escena sea español o esté familiarizado con las discusiones españolas. Muchos infieren que el imperio ecuménico de esos dos colores indica que las pulsiones separatistas que agitan a este país podrían tener algo de artificial. Es decir, serían conflictos y pretensiones muy significativos para los dirigentes, que se irían desdibujando a medida que se cala más profundo en las capas emocionales de la sociedad.

Quienes defienden la configuración actual de España acuden al festejo como un argumento en su favor. El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, que pasó por aquí para disertar en un seminario de la Fundación Barcenillas, sostuvo esa tesis: «El fútbol logró lo que no logró la política». Por lo visto, el hincha de Peñarol le ganó al líder colorado. Sin embargo, un detalle juega en su contra y en la de los que alegan, por la vía futbolística, la unidad de este país: el que se quedó con el negocio de la venta de banderas en Madrid fue un inmigrante, compatriota de Sanguinetti. Al parecer, los comerciantes españoles tienen alguna prevención con ese producto, por temor al castigo de los fanáticos.

Tal vez haya que darle, de nuevo, la razón a Ortega y Gasset, quien en un célebre discurso ante las Cortes sostuvo que existen problemas políticos que no admiten soluciones terminantes. Como la cuadratura del círculo, son contradicciones complejas, que sólo admiten ser sobrellevadas. La cuestión catalana es, para el filósofo, un problema de ese tipo. Ni el fútbol lo resuelve.

Ortega hablaba en 1932. Al cabo de 78 años, sus palabras no lograron convencer a un buen número de españoles. La pretensión autonomista de muchos catalanes está sacudiendo a España en estos días. La razón inmediata es electoral. El destino del poder en este país depende del resultado de las elecciones por el gobierno de la Generalitat, que se realizarán en el próximo otoño europeo. Una opinión casi unánime prevé que esos comicios los ganará Convergencia i Unió (CiU), partido que expresa al nacionalismo catalán de centroderecha. De ser así, los socialistas, que hoy controlan esa comunidad, deberían dejar el gobierno.

Es posible que, si se produce el infortunio de sus compañeros catalanes, el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, derrame lágrimas de cocodrilo. A él le conviene ese resultado. Para comprender su interés hay que reconstruir el ajedrez parlamentario y regional de España.

El poder de Zapatero se está desmoronando. En el último año perdió 10% de intención de voto. Sus hijas góticas -las dos adolescentes que aparecieron a su lado, vestidas de negro, en la Casa Blanca- lo estarían presionando para que abandone la pelea por un nuevo mandato en 2012. En el socialismo se barajan eventuales reemplazantes: Patxi López, titular del gobierno vasco, o Carme Chacón, ministra de Defensa.

Son hipótesis. Para evitar que se verifiquen, Zapatero debería poner a salvo de su declinación los acuerdos parlamentarios con los que viene gobernando. El Congreso de los Diputados tiene 350 miembros; sólo 169 son oficialistas. Para alcanzar el quórum, el socialismo recibe el apoyo de los diez representantes de CiU. En el caso de perder las elecciones, esos aliados comenzarían a dejar solo a Zapatero.

En cambio, si gobernaran la Generalitat, los nacionalistas estarían obligados a una negociación permanente con el poder central, lo que permitiría a Zapatero conseguir los votos indispensables para enfrentar la tormenta económica. Al socialista que hoy preside Cataluña, José Montilla, no se le escapa este juego. Cualquiera, en su lugar, presentiría que están por traicionarlo. Por si acaso, mañana se verá a solas con el presidente.

Con independencia de esta intriga, Zapatero está obligado a seducir a los separatistas catalanes. Aun cuando un sector importante de la opinión pública lo vea como el único mandatario conocido que actúa a favor de gobernar un Estado -hay quienes dicen, un país- más pequeño que el que recibió. Satisfacer a los nacionalistas tampoco es fácil. Desde la Moncloa se defendió la sanción de un Estatuto que le asigna a la comunidad autónoma catalana un conjunto de atribuciones que la Constitución española le asigna, con carácter exclusivo, al Estado central. El Tribunal Constitucional lo objetó en un fallo que, a pesar de algunas ambigüedades, aclara que no hay más nación que la española, que Cataluña no puede dotarse de una justicia propia ni tener un régimen fiscal independiente y que el idioma catalán puede convivir con el español, pero no prevalecer.

En su discurso sobre el estado de la nación, Zapatero prometió superar las dificultades del Estatuto por la vía legislativa. Después declaró que Cataluña es una nación desde el punto de vista histórico y cultural. Y, desde el fin de semana, en España comenzó a hablarse de una reforma constitucional que consagre la autonomía catalana.

Muchas personas bien informadas están convencidas de que España camina con paso acelerado hacia la secesión. Otros observadores, en cambio, apuestan a que la reforma constitucional es sólo una promesa electoral que el socialismo utiliza para neutralizar la decepción de los catalanes con el fallo sobre el Estatuto. Estos últimos recuerdan que la Constitución está blindada: para modificarla se requiere una mayoría absoluta de legisladores; después, un referéndum que convalide esa modificación, y luego debe disolverse el Parlamento y llamar a elecciones, para que una nueva Legislatura apruebe lo que hizo la anterior.

Igual que el ajuste, la seducción de Zapatero a los catalanes deja en una posición incómoda a Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP). Ellos fueron hasta ahora los más severos opositores al separatismo catalán. A tal punto que su agrupación fue la más activa en reunir los cuatro millones de firmas que llevaron el Estatuto a los tribunales. Sin embargo, la derecha no salió a festejar el fallo. Rajoy apenas si abrió la boca. Sencillo: en caso de ganar las próximas elecciones, lo haría sin la mayoría de las bancas. Por lo tanto, también tendrá que negociar con el nacionalismo de CiU. ¿Cómo hará Rajoy para disimular ese giro? «Para eso se inventó la política», dice con cinismo un alto representante del PP.

Todo indica que la tendencia a la segmentación encontrará en España muy pocos límites en los próximos años. No es un fenómeno aislado. Es la expresión territorial de una fragmentación política cada vez más marcada. La exitosa experiencia moderna de este país se sostuvo en un gran ejercicio de diálogo, negociación y renunciamiento. Los republicanos desistieron de la república. Los monárquicos aceptaron que el rey no fuera el suyo, sino uno designado por Franco. El franquismo toleró la legalización del comunismo. Y los antifranquistas entendieron que el futuro podía naufragar si se embarcaban en la revisión obsesiva del pasado.

La dirigencia española ha perdido esa capacidad para pactar que fue modélica para otros países que salían de sus propias dictaduras. Sucedió en un mal momento: desprovistos de esa predisposición invalorable a entender la restricción del otro, los españoles deben afrontar la más grave crisis económica que se les presenta desde que comenzó la transición.

Zapatero, más lejos de los sindicatos

 

MADRID (DPA).- Por primera vez desde 2000, cuando fue elegido secretario general del Partido Socialista (PSOE), el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no estará presente en la fiesta minera de la Unión General de Trabajadores (UGT), que tendrá lugar en la localidad de Rodiezmo el 5 de septiembre, tres semanas antes de la huelga general que la propia UGT y Comisiones Obreras (CCOO) convocaron contra la reforma laboral. El anuncio fue interpretado como un claro distanciamiento entre el gobierno y el sindicato socialista.

Fuente: La nación.

Que vean a nuestro presidente como Mugabe, expropiando arbitrariamente las propiedades, con la excusa de la ley de costas en España y del nacionalismo en Zimbabwe, no favorece la necesaria obtención de inversiones exteriores, que precisamos para salir de la crisis. Pero que vean a nuestro país como una futura Yugoeslavia de 1991, con la secesión y la guerra civil en el futuro, tampoco ayuda.