¿Dejará de ser España un país de propietarios?

Aunque la semana pasada acabé con las reflexiones bancarias es cierto, como me han recodado por las redes sociales que la cuestión del alquiler tiene una segunda parte que son las leyes en relación a las viviendas e inquilinos. Pues para que nuestros hijos puedan alquilar (ya que como vimos no podrán comprar) alguien deberá poner las viviendas en alquiler. Así pues voy a realizar un somero comentario sobre ellas,

Fascismo azul y fascismo rojo

Las leyes en vigor sobre alquiler residencial (y en general sobre viviendas) datan muchas de ellas de la época en que España fue gobernada por el generalísimo Francisco Franco y el Movimiento nacional (que es como llamaron los militares a la aglutinación de Falange y otros partidos que les apoyaron en el golpe militar) y no se caracterizan precisamente por ser partidarias de los propietarios, sino más bien populistamente en favor de los inquilinos, que al principio del régimen era una proporción muy importante de la población.

Esas leyes, como ya he comentado han mantenido alejadas de España a las grandes empresas inmobiliarias dedicadas al alquiler residencial.

Como ejemplo de la situación histórica y actual en esta cuestión basta decir que posiblemente la ley más liberal al respecto haya sido la realizada por Miguel Boyer siendo ministro del PSOE.

Además, en estos últimos años hemos asistido a dos fenómenos que aun extreman más el populismo de las leyes franquistas: la extensión, no con leyes sobre alquiler, pero sí sobre vivienda y otras, de los muchísimos derechos que gozan los inquilinos a aquellos que ni pagan ni cuentan con el permiso del propietario: los ocupas. Y las restricciones, cada vez mayores, para alquilar esas segundas residencias veraniegas, durante los días que sus propietarios no las utilizan. Restricciones que se extienden también a empresas, limitando o gravando inusitadamente el negocio del alquiler turístico.

Entonces… ¿quién va a alquilar?

Si por alquilar nos referimos a poner una vivienda en el mercado de alquiler hay tres grandes entidades que están en disposición (y cada vez lo van a estar más) de poner gran cantidad de viviendas al mercado del alquiler:

Los bancos: Estos tienen tres grandes grupos de viviendas (además de las que se han librado por medios espurios): viviendas no terminadas en urbanizaciones completas provenientes de promotores inmobiliarios; viviendas terminadas en urbanizaciones completas (o edificios completos sueltos o en urbanizaciones incompletas) provenientes de promotores inmobiliarios y viviendas sueltas provenientes de hipotecas fallidas de particulares, muchas de ellas de extranjeros.

Estas últimas son las más problemáticas, las que ya han convertido a los bancos en los primeros morosos de este país a las comunidades de vecinos (si la situación fuera a la inversa esa morosidad llenaría los ficheros y listas que tiene como objetivo cerrar el crédito, pero como son los bancos…) pero debido a que (sobre todo las de los extranjeros) han sido conseguidas «pagando» por ellas los precios «de mercado» (de un mercado que los propios bancos y sus tasadores han hinchado) de la burbuja no les interesa vender pues en ese momento tendrían que contabilizar su valor de venta y considerar la diferencia como pérdidas. Si la sociedad, y en especial las comunidades de propietarios y los jueces, se pusieran firmes con la cuestión de la morosidad, al menos saldrían al mercado del alquiler.

Los otros dos grupos son más complicados, pues incluso las terminadas, la mayoría, no tienen el papeleo hecho para ser «habitables».

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria: conocida popularmente como «banco malo» pues es básicamente la bolcheviquización de las malas prácticas bancarias: Banco y cajas (sobre todo cajas) han prestado a promotores inmobiliarios que sabían que no podían devolverle esos préstamos, al menos no con la contabilidad oficial que podían presentarle. Esas malas prácticas se basaban en tres factores: una sobre tasación de las viviendas con la esperanza de que una vez terminada (o fallido) el mercado hubiera al menos llegado a ese precio, una sobre tasación de terrenos rurales sabiendo que con los adecuados pagos (comisiones, mordidas, etc…) rápidamente serían recalificados como urbanos solo con el proyecto (no en vano el puesto más solicitado en todos los pactos municipales es —o era— el de concejal de urbanismo) y la financiación de sociedades de proyectos especiales (obras públicas o semipúblicas) que contaban con el apoyo de gobiernos locales y autonómicos.

La caída de este inmenso castillo de naipes ha dejado como el 40% de la vivienda no vendida (terminada o no) en manos de esta entidad seudo privada (actúa como una privada en compras y ventas pero depende del estado y se nutre de fondos públicos, es decir de nuestros impuestos) que con grandes pérdidas está terminado y sacando al mercado de venta algunas de las promociones que los bancos consideraban menos vendible. Sin embargo, si no crece el crédito estas ventas tendrán un tope y el reto deberá amortizarlo mediante alquileres.

El estado: en especial las comunidades autónomas que son después de los bancos lo mayores propietarios de viviendas vacías. Y si contamos solo viviendas terminadas y con todos los permisos de habitabilidad los primeros, procedentes tanto de compras y construcción (todas las autonomías tienen sus empresas seudo privadas —o sea públicas pero sin los controles de la administración ni de estas—, en muchos casos camufladas como fundaciones sin ánimo de lucro —y de hecho la fundación no se lucra, los gestores sí— supuestamente dedicadas a la construcción de vivienda social) como de «pagos en especia», ya sea de impuestos u otras deudas con la administración ya de renuncias de herencias para no pagar los altos impuestos que estas conllevan.

Una adecuada labor periodística (hoy por hoy inexistente) que ponga de relieve estas bolsas de viviendas obligaría a las entidades estatales que las poseen a ponerlas en alquiler a precios asequibles. Y posiblemente si el mercado llega a un punto en la que incluso sin ello sea políticamente rentable, lo harán.