Desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero una de las consignas fue defender a la banca, una banca que según el gobierno nunca había hecho cosas mal. Sin embargo, curiosamente, otra de las constantes fue atacar a la construcción y a las grandes constructoras. Unas grandes constructoras que, desde el minuto uno de la aparición del llamado caso Wurtel (pronúnciese Gurtel) fueron puestas por boca de varios miembros del gobierno y del partido como las que proporcionaron los fondos que manejaba Bárcenas.
Visto desde fuera da la impresión de que la banca, y en especial las cajas de ahorros, financiaban al PSOE y las constructoras al PP… O al menos esa era la visión de ZP.
Y lo fue hasta el punto de que en 2006, desarrollando reglamentos de la ley del suelo de Aznar y aprovechando cuestiones que en la ley quedaban ambiguas se hundió la construcción.
Sí se hundió, y de paso en una imprevisión sin precedentes a la banca.
El citado reglamento incluyó una medida que supuestamente iba a beneficiar a la administración local y autonómica, también a la nacional aunque no se presentó así entre otras cuestiones porque ya entonces el gobierno tenía alergia a la palabra nacional quizás porque estaba en el pasteleo del actual estatuto de Cataluña, y que consistía en que cualquier terreno, independientemente de la calificación que tuviese, si no estaba físicamente urbanizado podría expropiarse a precio de suelo rural.
Eso, que a simple vista puede parecer hasta lógico representó una catástrofe de proporciones épicas en nuestra economía, catástrofe que aun padecemos.
Los porqués de estos hechos y sus consecuencias, dado la extensión que he alcanzado los veremos en próximos fines de semana.
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