Pero servicios públicos incompletos, inoperantes y que resultan ser más contaminantes, mucho más que los anteriores sistemas que han sido legalmente desechados. Y sin embargo, en este caso las administraciones no hacen nada. ¿Será por qué no queda nadie a quien multar?
Y la desidia de las administraciones que han pasado de ingresar cientos de miles de euros anuales por licencias de obras y de primera ocupación y células de habitabilidad a acumular impagados del IBI por terrenos y casas, algunas acabadas y otras ni siquiera eso, ya que entre otras cosas los bancos, los todopoderosos bancos con los que ni la administración se atreve, no inscriben las propiedades embargadas con el fin de no pagar los impuestos ni otros gastos, como pueden ser los de comunidad.
Teniendo en cuenta que la mayoría de estos gastos no son nominales (a la persona física o jurídica) sino que van anexos al bien, lo que implica que el futuro comprador del mismo deberá hacerse cargo de una serie de deudas, y en muchos casos de recargos.
Pero no solo eso: las obras a mitad, lejos de estar valladas, presentan un lamentable aspecto con vallas caídas que son un peligro para el tránsito, pero también una invitación a la presencia de ocupas y otros problemas.
Y aún dónde se mantienen en pie, su provisionalidad y la falta de algunas de las barreras de acceso naturales en las viviendas a mitad invitan a un mal uso de ellas.
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